Viernes,26 de mayo de 2017

EDITORIAL FUENLABRADA: El suelo del Bañuelo

Las sociedades mercantiles, especialmente cuando se trata de empresas con un número reducido de socios, funcionan sobre la base de la lealtad, la buena fe y la confianza mutua. Las diferencias, cuando las hay, se liman en el seno del Consejo de Administración o, simplemente, con una llamada de teléfono, no en ruedas de prensa. Y, por descontado –al menos así lo recogen el Código de Comercio y la legislación mercantil--, es obligación de los socios velar y trabajar por el buen fin de la empresa, incluso al precio de sacrificar algún interés personal concreto.

Cierto que el Consorcio Urbanístico de “El Bañuelo” no es una sociedad mercantil al uso, sino una entidad de derecho público donde los socios son la Comunidad de Madrid (60%) y el Ayuntamiento de Fuenlabrada (40%). Sin embargo, y tratándose de dos administraciones públicas, esos deberes de lealtad, buena fe y mutua confianza que la tradición del Derecho Mercantil demanda a los socios de una empresa comercial o industrial, son exigibles aún con mayor razón e intensidad, siquiera por el plus de ejemplaridad que siempre deben tener las administraciones públicas en sus actuaciones y en sus declaraciones. No obstante, cuando algunos políticos quieren ocultar sus responsabilidades por el fracaso de su gestión y eludir los compromisos adquiridos, tienden, exactamente igual que los malos empresarios, a echarle la culpa a sus socios. Así, la lealtad, la buena fe y la mutua confianza quedan relegadas a prácticas de convento de franciscanos, porque la traición sustituye a la lealtad, la perfidia a la buena fe y la sospecha a la mutua confianza.

Dice Manuel Robles, el Alcalde de Fuenlabrada, el regidor que más años lleva en el cargo en el Sur de la Comunidad de Madrid, que no piensa hacerse cargo de los gastos de mantenimiento del recién terminado Parque Industrial de “El Bañuelo” hasta que no esté lleno de naves y de empresas y hasta que no se hable en el seno del Consorcio de cómo se van a comercializar las parcelas. Y lo dice a bombo y platillo, en rueda de prensa, y antes de la reunión, ya programada para finales de marzo o principios de abril, del Consejo de Administración del Consorcio, donde el Ayuntamiento de Fuenlabrada ostenta la vicepresidencia y tiene voz y voto, y donde la práctica habitual es adoptar las decisiones por consenso. Práctica lógica y normal, pues no se puede, desde la Comunidad de Madrid, imponer cargas o decisiones contrarias a los intereses de Fuenlabrada, ni tampoco puede Fuenlabrada imponer sus criterios o sus intereses a la Comunidad de Madrid.

Es, hasta cierto punto, razonable que Robles no quiera hacerse cargo de los costes de mantenimiento del nuevo polígono industrial hasta que no haya una masa crítica de nuevas empresas que paguen impuestos al Ayuntamiento. Para eso existen, por cierto, las entidades de conservación, que Robles conoce perfectamente, y que funcionan en este tipo de desarrollos, haciéndose cargo de los gastos de mantenimiento, aseo y alumbrado público hasta que el polígono alcanza cierta madurez. Esa es, por cierto, la práctica habitual de la Comunidad de Madrid en los consorcios urbanísticos en los que participa.

Pero, que se sepa, nadie en la Comunidad de Madrid ha exigido al Ayuntamiento de Fuenlabrada que recepcione inmediatamente el polígono con todas sus cargas y, en cualquier caso, esos son, precisamente, los asuntos a tratar en las reuniones del Consejo de Administración, y no en una rueda de prensa. Como también es asunto a tratar en el seno del Consorcio la forma más eficaz de comercializar las parcelas industriales del polígono, donde tanto interés o más tiene la Comunidad de Madrid que el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Lo que ya no es de recibo es que Robles pretenda cargar a la Comunidad de Madrid con el peso y la responsabilidad de su muy deficiente gestión en lo que concierne a la atracción de inversiones y de nuevas empresas a Fuenlabrada. Como socio leal, Robles debería poner de su parte en este asunto. Y puede poner mucho. Por ejemplo, bajando el Impuesto de Actividades Económicas, el más alto de los municipios de su entorno, que provoca la huida de empresas a ciudades vecinas más business friendly. Y también bajando el IBI o las licencias de obras, y simplificando los trámites para instalar empresas en Fuenlabrada. Lo decíamos hace justo un mes, Fuenlabrada es el farolillo rojo del empleo y del desarrollo económico en la Comunidad de Madrid. Y, de eso, la culpa no la tiene la administración regional, sino la municipal.