Miércoles,29 de marzo de 2017

La Audiencia Provincial declara culpable de malversación a la exalcaldesa de Serranillos

Un Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado a la exalcaldesa de Serranillos del Valle, Olga Fernández Fernández, culpable de un delito de malversación de caudales.

La exregidora, del Partido Popular, se sentó la pasada semana en el banquillo de los acusados por comprar dos bolsos con una visa del Ayuntamiento. En su declaración, alegó que los dos bolsos que compró por 370 euros cada uno eran gastos de representación incluidos en una partida del presupuesto.

Además, manifestó al tribunal que los bolsos eran un obsequio para unas funcionarias de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid por realizar una orden de pago de las nóminas de los empleados municipales. 

En el juicio, la Fiscalía solicitó para ella dos años de prisión y suspensión de empleo o cargo público durante ese mismo periodo de tiempo. 

En su condición de alcaldesa de la localidad de Serranillos del Valle, la procesada, guiada por el ánimo de lucro, adquirió dos bolsos con una tarjeta de crédito a cargo de la corporación municipal.

Según el escrito de calificación de la Fiscalía, la exalcaldesa de la localidad acudió a una tienda en la que, con la tarjeta de crédito Visa Oro Corporate que le había sido entregada en consideración a sus funciones públicas, adquirió dos bolsos por importe de 370 euros. La cantidad, según el fiscal, no se habría reintegrado a las arcas municipales.

Fernández aseguró durante su declaración ante el juez que se trató de gastos de representación incluidos en una partida del presupuesto. Según ella, los bolsos adquiridos eran un obsequio para unas funcionarias de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid por realizar una orden de pago. 

En su declaración, indicó que se le dio esa Visa para gastos municipales. “Era para bienes y servicios del Ayuntamiento. Se compraban libros para la biblioteca o si en la guardería se necesitaban sillas. También eran gastos de representación y luego se entregaba un ticket”, declaró.

La Fiscalía solicitó para la procesada una pena de prisión de dos años, unida a la suspensión de empleo o cargo público durante ese mismo periodo, e inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo que dure la condena. Además, la exalcaldesa se enfrenta a una multa de doce euros diarios durante un plazo de tres meses, algo más de mil euros. En los próximos días conocerá la sentencia.