Miércoles,29 de marzo de 2017

Moraleja reclama un interventor y pide fiscalización a la Cámara de Cuentas

La alcaldesa de Moraleja de Enmedio, María del Valle Luna, ha reclamado que la Cámara de Cuentas fiscalice al Ayuntamiento y ha solicitado el trabajo de un interventor dado que la ciudad está "arruinada" y completamente "a cero", al ser una localidad afectada por la trama Púnica.

Así lo señaló la primera edil en la Asamblea de Madrid tras trasladar el Grupo Parlamentario Socialista dichas peticiones al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada.

El municipio ha sido gobernado por el PP hasta las pasadas elecciones autonómicas. Al frente del mismo se encontraba el exalcalde popular Carlos Estrada que fue en el mes de junio detenido por su presunta vinculación con la trama.

"Encontramos un municipio con 30.000 euros en la cuenta y había que pagar sueldos, seguros, luz y agua. No podíamos abonar absolutamente nada porque el municipio cuenta con una deuda de 30 millones de euros", relató la alcaldesa.

En este sentido, subrayó que deben "casi 2 millones de euros en sentencias firmes, 5 millones de euros en un plan urbanístico y 5 millones que se deben a la Seguridad Social" por lo que no pueden acceder a ninguna subvención.

Todo ello, según la primera edil por "un plan a proveedores que a Moraleja de Enmedio se le concedió". "No se hizo ni un plan de ajuste y ahora tenemos los tributos embargados: el 50 por ciento se lo lleva el plan de pago a proveedores y el 50 por cuento se lo lleva la Seguridad Social. Estamos a cero", añadió.

La alcaldesa pide que "la Cámara de Cuentas fiscalice al Ayuntamiento" así como a todos aquellos municipios que están "arruinados". "A Moraleja de Enmedio no viene nadie; estamos luchando los concejales solos por un problema tan grande como es el pago de nóminas, de gasoil, de luz...", asegura.

Desde Moraleja de Enmedio afean al consejero no haber querido atenderles para buscar una solución a la cuestión y piden urgentemente un inventor. En un primer momento se eligió como interventora a la socialista, Ruth Porta, pero "no se cumplía una de las cláusulas en cuanto al sueldo". "Estamos esperando respuesta, si nos dicen que no buscaremos a otro", ha asegurado.

En este sentido, considera que a diferencia de ésta ningún "interventor" quiere acudir al municipio por la "problemática de trabajo interno y por la situación en la que ha estado sumido de corrupción". "La documentación no es clara, somos 5.000 vecinos con una deuda de 30 millones, es algo desorbitado", subraya.